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Una
de las principales preocupaciones de la Organización de las Naciones
Unidas, desde su surgimiento, ha sido el tema de la discriminación,
fundada en la diferencia de razas, color u origen étnico y que han
generado guerras de odio y exterminio; por ello la discriminación se
considera como un atentado a la dignidad humana.
En el caso de México, al
hablar de discriminación nos tenemos que referir necesariamente a los
grupos llamados vulnerables, a todos aquellos que hoy se les considera los
excluidos de la modernidad y de los mínimos beneficios de una justicia
social, como son los indígenas, ya que no solo se discrimina por color de
piel o por pertenecer a un grupo étnico, sino también hay una
discriminación a marginarlos y no incorporarlos al desarrollo de México.
Hablar de los Pueblos Indígenas es sinónimo
de rechazo, pobreza extrema, ignorancia, hacinamiento, faltas de servicios
médicos y muchas cosas más. Todo ello hace que el indígena se niegue a si
mismo en un mundo globalizado que cada vez más los desplaza de su raíz, de
su identidad nacional.
La violencia hacia los indígenas tuvo su
origen durante la colonización e invasión en América, el blanco principal
de persecución y destrucción ha sido la espiritualidad, paralelamente a
ello fueron despojados de sus tierras y recursos, su organización política
fue desplazada, su forma de vida interrumpida, su idioma y cultura también
fueron violentados, asesinatos, genocidio culturales hacia los pueblos
considerándolos inferiores, salvajes, sin alma; a quienes se les tenía que
enseñar, y realizar una gran cruzada para “civilizarlos”.
Según datos oficiales que da el INEGI la
población indígena de México, esta estimada en diez millones de personas,
esto es algo más del diez por ciento de su población total. De ellos unos
seis millones hablan alguna de las sesenta lenguas autóctonas y se
caracterizan por conservar sus valores culturales, sus formas de
vincularse con la naturaleza, de administrar justicia, organizarse para la
producción y para identificarse a si mismos como indígenas.
Toda esta población se encuentra distribuida
por todo el territorio nacional, aunque se concentra mayormente en los
Estados del Sur y del Sureste. Es mayoritariamente rural, pero en años
recientes, también ha aumentado considerablemente en las zonas urbanas.
En lo que se refiere al Estado de Puebla,
encontramos también una importante presencia de población indígena, entre
los que podemos mencionar a los pueblos nahuatl, totonacos, popolocas,
mazatecos, otomìes, mixtecos y tepehuas; pueblos que al igual que todos
los del país están en situación de desigualdad frente al resto de la
población sufriendo en muchas zonas, condiciones deplorables de
empobrecimiento, acceso a servicios sociales y de salud y de acuerdo a
datos oficiales los municipios con población indígena representa los más
altos de marginación.
La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece como una garantía que todo individuo tiene
derecho a recibir educación, aunque en esto los niños indígenas están en
desventaja. El cincuenta y nueve por ciento de los niños indígenas no
concurre a la preprimaria. Y el veintiocho por ciento de los de 6 y 14
años no va a la escuela, según datos del INEGI. En consecuencia el
cuarenta y tres por ciento de los indígenas mayores de 15 años no tienen
instrucción formal alguna, una tercera parte de ellos no logro completar
la escuela primaria y poco más del diez por ciento cuenta con algún grado
de instrucción posprimaria. Mientras que el índice de analfabetismo en la
población adulta generalmente es de 12.4% en el caso de los indígenas tal
índice es del 46% y aunque la Secretaria de Educación Pública ha realizado
programas de educación indígena, estas acciones han sido insuficientes, ya
que por ejemplo la gran mayoría de maestros que se encuentran en escuelas
con población indígena no son bilingües, en el caso del Estado de Puebla
se han encontrado incluso con maestros que no les permiten a sus alumnos
hablar en su propia lengua, tal y como lo ha constatado el suscrito, lo
que constituye un claro ejemplo de discriminación.
En lo que respecta a lo habitacional, de las
localidades predominantemente indígena pocos o casi ninguna cuenta con
agua potable,8 de cada 10 hogares indígena no tienen ni siquiera techo de
lamina y solo tienen piso de tierra, con lo que se puede advertir que no
todos gozan con los derechos sociales, culturales y económicos que se
encuentran consagrados en nuestra Carta Magna, desde el 5 de febrero de
1917.
Los pueblos indígenas son los que están
sufriendo de manera más dramática la crisis económica del agro mexicano y
la caída de los precios de los productos agrícolas. En estos pueblos se
mantiene con frecuencia una agricultura de subsistencia y autoconsumo en
un ambiente rustico y duro, en el que la tierra no rinde lo suficiente
para alimentar a la familia, obligando a su gente a emigrar cada vez en un
mayor numero; Por ejemplo en el Estado de Puebla los jornaleros
agrícolas (persona que trabaja en la producción agrícola o
agropecuaria a cambio de un salario o jornal) que se encuentran trabajando
en el corte de café en las fincas cafetaleras, son objeto constante de
discriminación, maltrato, explotación e inclusive abuso sexual a las
mujeres; también es preocupante advertir que cada vez más estos grupos de
jornaleros lo están conformando los niños, situación que se ve reflejada
en las escuelas donde los niños están abandonando sus estudios por irse a
trabajar por unos cuantos pesos, ya que obviamente los patrones al
considerarlos que no trabajan a la par de un adulto le pagan menos aunque
esto no sea cierto; De igual manera se advierte que cada vez más la
población indígena se está sumando a los que emigran a los Estados Unidos,
buscando nuevas oportunidades y en donde están encontrando al igual que
otros migrantes políticas discriminatorias de los Estados en donde quieren
trabajar, hasta arriesgar su propia vida al ser victima de grupos racistas
que los cazan como si fueran animales, en el Estado de Puebla este
fenómeno de la emigración solo se veía en la zona de la mixteca, pero
actualmente también indígenas de las sierras norte, negra y nororiental lo
están practicando.
Discriminación a las Mujeres
Indígenas. Son las mujeres indígenas quienes enfrentan en mayor medida
la discriminación en diversas formas y todos los espacios: relaciones de
familia, en el seno de las comunidades, en la ciudad, en los servicios de
salud, etc. Y no obstante que la historia dice que las mujeres llegaron a
ocupar cargos de jefes de grupos de gentes en sus pueblos, esto se perdió
cuando llego el proceso de la conquista y la colonización española, los
cuales impusieron otra visión de la naturaleza, el maltrato, la falta de
respeto y la marginación de las mujeres indígenas, que constituyo una
nueva invasión cultural que perjudico a dichas mujeres. Con frecuencia
escuchamos que en las comunidades indígenas persisten tradiciones y
costumbres que pueden resultar dañosas para las mujeres, por ejemplo “el
pago de la novia” que consiste en pagar dinero, alimentos, bebidas o
animales a cambio de que el suegro le entregue a la futura esposa al
supuesto novio, que en realidad viene siendo una venta de la hija. En
cuanto a evitar este tipo de acciones en nuestro Estado, el Programa
Indígena de la Comisión de Derechos Humanos difunde en nuestras
comunidades que los usos y costumbres no se podrán aplicar cuando violen
derechos humanos y sobre todo cuando atenten contra la dignidad de la
mujer, tal y como lo establecen tratados internacionales y la propia
Constitución Federal.
Discriminación en Ideologías y Prácticas
de la Justicia. Bajo el argumento de la legalidad se construye un
discurso jurídico que niega la diferencia, y por tanto la excluye del
proceso judicial. A partir de esta negación se instituye al indígena como
ignorante y primitivo que por la práctica de sus costumbres es proclive a
violar el orden instituido. El Principio de la Igualdad ante la ley, se
convierte así en la piedra angular que justifica la exclusión en aras de
la asimilación, pero es justamente la diferencia cultural la que
cotidianamente confronta este principio y revela el mito de la justicia.
Al indígena que se le acusa de un delito, se enfrenta como simple sujeto
de derecho a una lógica cultural que desconoce, inscrita en valores,
códigos y procedimientos, a un discurso jurídico distante de sus patrones
culturales de argumentar y a la necesidad de tener que expresarse en una
lengua que no es la suya, se agudiza su subordinación convirtiéndose en
presa fácil de exclusiones.
Las
ideologías racistas de los administradores de la justicia, amparados en la
legalidad, legitiman prácticas de discriminación ante las que el indígena
se ve desarmado. Las formas sutiles de la discriminación vigentes en la
vida cotidiana que encubren el racismo, contrastan así con las maneras
burdas de la dominación, vejación e indefensión del indígena cuando se ve
sujeto al aparato judicial, convirtiéndola generalmente en víctima. Una
vez ahí se activa un engranaje que difícilmente se puede contrarrestar, de
tal manera, el derecho instituido al excluir la diferencia en aras de la
igualdad formal, termina justificando la exclusión y la desigualdad ante
la ley. En el Estado de Puebla, hay aproximadamente 900 indígenas presos
en los diferentes centros penitenciarios, en los cuales la mayoría no
cuenta con un defensor particular, asignándosele por ley a un defensor
social, que muchas veces por la carga de trabajo o la dificultad para
conseguir pruebas y ofrecerlas en el juicio, lo dejan en un estado de
indefensión. Continuara... |