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En el marco de sus atribuciones, específicamente la contenida en el artículo 13, fracción XI, de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, esta realiza año con año, la supervisión penitenciaria en el Estado, con el fin de contribuir con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de acuerdo a su atribución contenida en el artículo 6, fracción XII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en su carácter de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en base al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos, o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas.

Desde 2006, esta supervisión ha contribuido a identificar la situación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad o en prisión preventiva, dentro de los Centros de Reinserción Social del Estado y el Centro de Internamiento para Adolescentes.

Sin lugar a dudas, estas acciones emprendidas desde hace varios años en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, contribuyen a socializar el tema de las cárceles y sus condiciones imperantes. Por ello, a lo largo de este tiempo, el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP) se ha convertido en una “buena práctica” de parte de la Comisión, ya que sirve como referente en diferentes análisis de académicos, investigadores, periodistas, estudiantes, etc; quienes llamados por la situación imperante en los centros penitenciarios del estado consultan su información.

Una buena práctica institucional es aquella, que resulta razonablemente exigible por la propia naturaleza de su objeto; surge con el fin de ofrecer una actuación responsable, diligente y respetuosa con los derechos humanos, de cuya tutela y garantía responden los organismos públicos de defensa de los derechos humanos.

Las personas privadas de su libertad constituyen un grupo vulnerable, toda vez que se encuentran en una situación de desventaja para hacer efectivos sus derechos y libertades, lo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar, viviendo en situaciones de hacinamiento, con deficiente atención médica y escolar, falta de higiene, escasa alimentación y mínimas opciones laborales, que además, no les permite llevar a cabo una adecuada reinserción social.

Se requiere generar una actuación responsable ante éstas condiciones y por ello, este organismo implementa, a través del DESP, una “Buena Práctica Institucional”, a fin de beneficiar a la población penitenciaria.

A través de ésta, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, contribuye con su compromiso ante la sociedad de promover el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en los establecimientos penitenciarios.

Con el objeto de evaluar las condiciones de los 22 Centros de Reinserción Social distritales, regionales, estatales y el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, durante el año 2014, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, efectúo la supervisión penitenciaria en los Centros de Reinserción Social de Acatlán de Osorio, Atlixco, Chiautla de Tapia, Chignahuapan, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Libres, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tepeaca, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec de Juárez, Zacatlán, Zacapoaxtla, Cholula, Huauchinango, Tehuacán, Ciudad Serdán, Puebla, Tepexi de Rodríguez y el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes; lo anterior con el objeto de elaborar DESP.

Esta supervisión penitenciaria, se sujeta a los parámetros establecidos en la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria (GNSP), que aplican los organismos públicos defensores de derechos humanos; la cual comprende una entrevista con el director o responsable del centro penitenciario, una inspección de las instalaciones y documentación con la que debe de contar cada centro de reinserción y una entrevista a un porcentaje de la población interna; arrojando en su conjunto, una evaluación de las instalaciones del centro de reclusión, de las condiciones de estancia en las que se encuentra la población interna, del trato que recibe y de las carencias o deficiencias que tienen; efectuándose un análisis de los siguientes derechos humanos:

  • Relacionados con la situación jurídica de los internos.
  • Que garantizan una estancia digna y segura en prisión.
  • Que garantizan su integridad física y moral.
  • Que garantizan el desarrollo de actividades productivas y educativas.
  • Que garantizan la vinculación social del interno.
  • Relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación de medidas.
  • De grupos especiales dentro de las instalaciones penitenciarias.

  • De la aplicación de este Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria, se obtiene una evaluación integral a cada centro penitenciario, al conseguir un resultado conformado por la valoración de la autoridad penitenciaria, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla y los propios internos.

    Esta valoración, es comunicada a las autoridades involucradas en la reinserción social, correspondiendo a éstas, efectuar conforme a sus atribuciones, el cumplimiento de las observaciones realizadas y el logro del respeto de los derechos humanos y beneficios que otorga el sistema penitenciario, tanto a la población interna, como a la sociedad.

    Del presente diagnóstico, se evidencia que existen condiciones que generan afectaciones al trato digno de la población penitenciaria en la mayoría de los centros de Reinserción Social, al ser insuficiente el espacio con los que cuenta para albergar a la población recluida, generando como consecuencia la deficiencia de los servicios elementales para una estancia digna, aunado a la carencia presupuestal con la que operan estos centros penitenciarios, sobre todo los distritales; lo que impacta en el mantenimiento de los mismos; sumándose a lo anterior la falta de prevención de riesgos.

    Asimismo, se advierte como factores que impactan a este grupo vulnerable, el hacinamiento, la escasez de medicamentos y material de curación; la falta de un seguimiento adecuado por parte de las áreas técnicas a los internos sujetos a un tratamiento; la falta de atención psicológica; la insuficiente alimentación; la falta de capacidad de áreas específicas para observación y clasificación; las malas condiciones materiales e higiene de las instalaciones de los dormitorios, áreas de segregación, cocina, comedores; la deficiencia en la difusión de la normatividad; el escaso personal de seguridad y custodia con que se cuenta; la falta de separación entre procesados y sentenciados en áreas comunes; el escueto material didáctico así como de programación de las actividades deportivas y carencia de espacios para realizarlas; las limitadas actividades laborales, educativas con que se cuentan.
    Aunado a lo anterior, se suman los aspectos estructurales de las instalaciones penitenciarias, particularmente las de los distritos, por tratarse de edificaciones antiguas, que no fueron diseñadas para prisión, las cuales incluso ya resultan insuficientes, encontrándose ubicados diecisiete de estos centros penitenciarios en las instalaciones de las presidencias municipales o en edificios aledaños a las mismas.

    Podemos señalar como un ejemplo de lo anterior, que en los Centros de Reinserción Social de Acatlán de Osorio, Chiautla de Tapia, Tetela de Ocampo, Tecali de Herrera, Tlatlauquitepec, Teziutlan, Zacatlán, Chignahuapan, no se cuenta con todos los titulares de las áreas técnicas; por lo que, en algunos de estos centros, el titular de algún área técnica realiza la función de otra área, al carecerse del citado personal.

    De igual manera, se observó que en los centros penitenciarios de Puebla y Huejotzingo, existe fauna nociva, como chinches y cucarachas, en los espacios destinados a dormitorios; apreciándose también en la mayoría de los centros de reclusión, la necesidad de mejorar la higiene de los diferentes espacios que lo conforman.

    Otro aspecto destacado es la alimentación, en la que los Centros de Reinserción Social de Acatlán de Osorio y Chiautla de Tapia, solamente aportan a cada interno una pequeña cantidad semanal para su subsistencia.

    Estos y otros aspectos, observados en las visitas, afectan de forma negativa el sistema penitenciario del estado de Puebla, al no darse un debido cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de organizar el sistema penitenciario, sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como elementos indispensables para la reinserción social de las personas privadas de su libertad.

    Debe reconocerse que existen condiciones que benefician a la población penitenciaria, como lo es, que los Centros de Reinserción Social de Puebla, Tepexi de Rodríguez y Atlixco, cuentan con estudios en licenciatura, e inclusive el primer centro penitenciario citado, cuenta con maestrías; y los demás centro penitenciarios cuentan con los niveles educativos de preparatoria, secundaria y alfabetización.

    Asimismo, existen centros de reclusión que no cuentan con sobrepoblación, como ocurre a Ciudad Serdán, Chiautla de Tapia, Huauchinango, Tecali de Herrera, Tepexi de Rodríguez, Tlatlauquitepec y el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, situación que no implica que tengan de cualquier modo carencias, como entre otras, la falta de mantenimiento.

    Con esta información, se han iniciado quejas de oficio de cada centro de reinserción social y el CIEPA, por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con el fin de que las autoridades penitenciarias realicen mejoras en la atención y respeto de los derechos humanos de las personas en reclusión en el estado de Puebla.

    Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica de los internos.

    • División de internos del fuero común y del fuero federal.
    • Separación de internos en procesados, indicados y sentenciados.
    • Clasificación criminológica de reos.
    • Otorgamiento de beneficios de reducción de pena o libertad anticipada.

    Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura en prisión.

    • Funcionamiento eficiente de las diversas áreas técnicas (Trabajo social, Psicología, Psiquiatría, Criminología, departamento médico y jurídico.
    • Condiciones materiales, mantenimiento e higiene de los módulos, sanitarios, cocina, comedores, talleres y aulas de clase.
    • Estado de los colchones y de la ropa de cama.
    • Luz eléctrica, luz natural y ventilación.
    • Existencia de agua potable y de agua corriente.
    • Estado de los utensilios de cocina.
    • Calidad, cantidad y distribución adecuada de los alimentos.
    • Conservación de los alimentos.
    • Confianza de los internos para pedir audiencia a las autoridades.

    Derechos Humanos que garantizan su integridad física y moral

    • Espacio para el número de internos.
    • Condiciones materiales, mantenimiento e higiene de los espacios de segregación, así como de sus sanitarios.
    • Luz natural, luz eléctrica y ventilación.
    • Estado de los colchones y de la ropa de cama.
    • Existencia de agua potable y de agua corriente.

    Derechos Humanos que garantizan el desarrollo de actividades productivas y educativas.

    • Programación de actividades diarias para internos.
    • Capacitación para el trabajo en el Centro.
    • Actividades productivas y recreativas que lleva acabo el interno.
    • Calidad de las actividades productivas y recreativas que lleva a cabo el interno.
    • Necesidades de toda la población en talleres.
    • Condiciones materiales, mantenimiento e higiene de los talleres.
    • Condiciones de las herramientas e instrumentos de trabajo, así como del lugar utilizado para su resguardo.
    • Luz natural. Luz eléctrica y ventilación.
    • Medidas de seguridad para trabajar en talleres.
    • Educación para los internos.
    • Condiciones materiales, mantenimiento e higiene de las aulas de clase.
    • Necesidades de toda la población en aulas.
    • Condiciones materiales de pizarrones, bancos, sillas, escritorios, así como del material didáctico.
    • Luz eléctrica, luz natural y ventilación en las aulas de clase.
    • Condiciones materiales, mantenimiento e higiene de la biblioteca.
    • Número de libros.

    Derechos Humanos que garantizan la vinculación social del interno.

    • Respeto al horario y días de visita íntima y familiar.
    • Condiciones materiales, mantenimiento e higiene de los espacios de visita íntima, visita familiar, así como de los sanitarios.
    • Privacidad
    • Estado de los colchones y ropa de cama.
    • Luz artificial, natural y ventilación. .
    • Comunicación con el exterior.
    • Teléfono.
    • Correspondencia.

    Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación de medidas.

  • Difusión del reglamento del Centro a custodios.
  • Vigilancia a internos.
  • Difusión del reglamento del Centro a internos.
  • Aplicación de criterios legales para la imposición de sanciones.
  • Existencia de agua potable y de agua corriente.
  • Funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario.
  • Promedio estatal del Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria.

  • 6.24
  • end faq

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