Es un modelo de justicia penal, adoptado por el Estado Mexicano a través de una forma constitucional realizada en 2008. En este sistema, la víctima tiene derecho a la intervención procesal y a una protección especial; asimismo, el imputado por la comisión de una delito, tiene el derecho de que se presunta su inocencia y la posibilidad de someterse a una medida de seguridad que no sea en primer término de prisión preventiva.