Emitida con motivo de los hechos del día 29 de agosto de 2018, en el Municipio de Acatlán de Osorio Puebla, lugar donde dos personas fueron detenidas por escandalizar en la vía pública a la altura de una escuela, por los que los pobladores se reunieron ya que los señalaban de que andaba robando niños, por lo que se trasladaron a la comandancia, lesionaron a la oficial de guardia, sacaron a las dos personas detenidas, las golpearon, les arrojaron gasolina y les prendieron fuego hasta quedar calcinados.


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Dictada con motivo de los hechos ocurridos el 9 de agosto de 2020, en la Junta Auxiliar de San Marcos Tlacoyalco, perteneciente al Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, en la que una persona perdió la vida, como consecuencia del linchamiento del que fue objeto, por parte de una multitud de personas.


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Derivada del acontecimiento del día 25 de octubre de 2020, en la Localidad de Emilio Portes Gil, perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, donde dos personas perdieron la vida, uno en el lugar de los hechos y la otra persona después de ser trasladada al hospital..


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Relativa a los hechos del 30 de agosto de 2020, en el Municipio de San Salvador Huixcolotla, Puebla; lugar donde un joven fue golpeado por un grupo de personas, ya que lo acusaban de robo, posteriormente en presencia de elementos de la Policía Municipal de Huixcolotla, Puebla; el grupo de personas rociaron a la víctima con gasolina y le prendieron fuego, sin que los citados servidores públicos, aplicaran el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla.


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Del análisis de las evidencias que integran el expediente 3981/2022, la CDH Puebla, contó con elementos suficientes para acreditar la vulneración a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida, por omitir brindar seguridad pública oportuna, protección y auxilio en agravio de la víctima; así como por la inadecuada aplicación del “Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla”.

Derivado de lo anterior, la CDH Puebla recomendó lo siguiente:

Al Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla: En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, brinde a los familiares directos de la víctima, una reparación integral y atención victimológica; exhorte en sesión de cabildo a los servidores públicos a cumplir con sus deberes y observancia de las disposiciones en materia de seguridad pública y justicia; inicie los procedimientos de investigación correspondientes; en caso de que exista responsabilidad penal se presente la denuncia correspondiente; capacite en materia de derechos humanos, así como en el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla; incremente el número de elementos de seguridad pública y/o estado de fuerza capacitados y equipados en las juntas auxiliares municipales; y lleve a cabo dos jornadas de cultura de la legalidad y justicia.

Al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla: En coordinación con el H. Ayuntamiento de Huauchinango, se brinde una reparación integral del daño ocasionado a las víctimas indirectas; determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación en contra de las personas servidoras públicas; emita un Protocolo de reacción inmediata y/o Manual de Procedimientos de actuación para personal adscrito a la SSPE, que sirva de complemento al Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla; brinde a las personas servidoras públicas adscritas a la SSPE capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, así como en el Protocolo de referencia.


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Artículo 4. Derecho a la Vida.
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del m omento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.


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Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.


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Artículo I.
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo XVIII.
Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.


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Caso de la Masacre
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.



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Artículo 6.
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente..



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Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Articulo 14.- (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (…)
Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo (…).
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.


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A. EL Policía Primer Respondiente, ante una situación que implique la protección y/o salvaguarda de un bien superior como es la vida de alguna persona, debe privilegiar ésta sobre la persecución yo detención.


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Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (…)


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Tesis de jurisprudencia. XXVII.3o. J/25 (10a.), número de registro 2008516
Sostenida por Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, febrero de 2015, Tomo III, página 2256, bajo el rubro y texto siguiente:
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1°., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.


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Regula las actuaciones de las autoridades, la documentación de sus acciones a través de registros y el uso de tecnología, las responsabilidades de los sujetos obligados a su observancia.


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Regula las actuaciones de las autoridades, la documentación de sus acciones a través de registros y el uso de tecnología, las responsabilidades de los sujetos obligados a su observancia.


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Artículo 34 Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, las personas que integran las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las obligaciones siguientes:
III.- Prestar inmediato auxilio y protección a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho.
XXVIII.- Implementar los protocolos de actuación y respuesta necesarios que para cada caso existan.


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