Page 103 - Panorama general de los linchamientos en Puebla_online
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e información que circula en las redes sociales previo a los hechos o datos sobre
personas detenidas, impacto en incidencia delictiva de la zona, posterior a los hechos.
En este mismo sentido, es importante señalar que las discrepancias entre
diferentes instancias en cuanto a lo que puede considerarse linchamiento o no,
repercute en su registro. Es necesario un acuerdo conceptual entre entidades
públicas, medios de comunicación y sociedad civil. Este punto es relevante dado que
una fuente importante de información es la revisión hemerográfica y el monitoreo de
contenido en medios. Si desde un medio solo se identifican los casos de linchamientos
cuando fallece la víctima, quedan fuera de análisis todos aquellos casos en los que la
víctima sobrevive.
Es innegable que se cuenta con datos valiosos que permiten un estudio
descriptivo de este fenómeno. Por ejemplo, la disminución importante reflejada en las
cifras de 2020 y 2021 asociada con la contingencia sanitaria provocada por el COVID
19, la concentración de los casos de linchamiento en una proporción relativamente
pequeña de municipios y las motivaciones que en la mayoría de los casos se asocian
con la percepción o la ocurrencia real de un delito patrimonial. Estos datos deben
considerarse para orientar las políticas de prevención de la delincuencia, en particular
de los delitos patrimoniales, enfatizando en las zonas geográficas identificadas.
Esperamos que estos primeros planteamientos, por parte de nuestro equipo
en el marco del CCSJP, provean elementos interesantes para posteriores trabajos,
que permitan evaluación y monitoreo de este fenómeno en el Estado a lo largo del
tiempo y en función de los cambios políticos, económicos y sociales que puedan
presentarse.
El conocimiento generado hasta el momento plantea la importancia de la
atención que debe darse a delitos contra el patrimonio, así como a los municipios
y zonas en las que los linchamientos son más frecuentes. Vale la pena evaluar el
impacto de estrategias tendientes al acercamiento entre instituciones y ciudadanía,
la reducción de desconfianzas mutuas, el uso de mecanismos legales para acceder a
la justicia y el fortalecimiento de las instituciones, su infraestructura, su capital humano
y sus capacidades para ofrecer servicios de calidad en los ámbitos se seguridad y
justicia, en apego al respeto de los derechos humanos.
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