Comunicado 047/2020

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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) emitió la Recomendación 9/2020 dirigida al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado por la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica e integridad personal y a la vida.

Del análisis de las constancias y evidencias que integran el expediente 5756/2017, se contaron con elementos suficientes para acreditar que personal médico del Hospital General de Cuetzalan no brindó atención oportuna y de manera adecuada a una mujer con motivo de su embarazo de 37.4 semanas que acudió a atención médica debido a que inició con trabajo de parto y después de ser valorada por personal de urgencias de dicho nosocomio observaron que presentaba riesgo obstétrico por lo que decidieron ingresarla al área de tococirugía para vigilancia estrecha ya que no se contaba con tococardiógrafo, servicio de laboratorio, ni de ginecología; después de más de 5 horas en una nueva valoración no se encontró actividad cardiaca fetal por lo que solicitaron al Centro Regulador de Urgencias Médicas de Puebla (CRUM) el traslado a otra unidad.

Una vez que ingresó al área de urgencias del Hospital de General de Teziutlán se le diagnosticó óbito fetal, por lo que se le realizó inductoconducción de trabajo de parto, una vez en la sala de expulsión se confirmó la muerte del producto debido a la interrupción de la circulación materno fetal, por lo que de acuerdo a las evidencias desde la primera valoración el personal médico tuvo conocimiento de las complicaciones que devendrían en el parto, sin embargo, no se le brindó la atención especializada que se requería.

Ante tales hechos se constató con las evidencias presentadas, que el personal médico del Hospital de la Mujer y Neonatología de Cuetzalan no brindó la atención médica de manera adecuada y oportuna, vulnerando los derechos humanos a la seguridad jurídica e integridad personal y a la vida, por lo que se procedió a recomendar lo siguiente:

I. Proporcionar a la agraviada la atención médica y psicológica que permita su rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron provocadas.

II. Instruir para que se realicen las gestiones administrativas y de presupuesto correspondientes que permitan ampliar y mejorar la infraestructura hospitalaria en los que se atiende a las mujeres en situación de embarazo, parto y puerperio, priorizando las zonas alejadas y de marginación social, en específico el Hospital General de Cuetzalan a donde deberá asignar médico especializado en el área de gineco-obstetricia que atiendan en la forma adecuada a quienes solicitan el servicio, principalmente en el área de urgencias y además deberá dotar de aparatos auxiliares y en general de insumos. 

III. Brindar a los médicos del Hospital General de Cuetzalan capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la violencia obstétrica y el derecho a la salud, con el fin de evitar que actos como los señalados se repitan.

IV. Emitir una circular a través de la cual reitre la instrucción al personal que labora en el Hospital General de Cuetzalan para que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra la integridad personal y protección de la salud de las personas. 

V. En su caso, instruya a quien corresponda para que colabore con la Fiscalía General del Estado en la denuncia e integración de las carpetas de investigación relativas a los hechos y que pudieran ser constitutivos de delito, aportando toda prueba con la que se cuente que ayude a esclarecer los hechos. 

VI.Informe al Órgano Interno de Control correspondiente para que inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos adscritos al Hospital General de Cuetzalan que intervinieron en la atención de la agraviada y que de acuerdo a su propia investigación resulten responsables.

Cada punto recomendatorio debe ser justificado por la autoridad señalada, debiendo informar del cumplimiento ante este organismo autónomo.