Page 57 - Panorama general de los linchamientos en Puebla_online
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propia condición jurídica. En los casos ordinarios dicha decisión se reduce al mínimo,
             porque  es  la  norma  la  que  rige.  Pero  en  la  situación  de  conflicto  excepcional  no
             puede aplicarse la norma, ya que esta exige un medio homogéneo. De esta manera,
             el soberano  es quien decide sobre la situación para que el orden  y la seguridad
             pública sean restablecidos o para establecer otro nuevo: “todo orden descansa en
             una decisión, no en una norma” (Schmitt, 1998: 44).


                     Como  se puede  deducir,  la esencia de  la soberanía  no  estriba en  la
             coacción, sino en establecer el monopolio de la última decisión, donde la autoridad
             de la decisión no necesita de anclarse en el derecho. El problema de la legitimidad
             se instala en garantizar un orden que se funda en la violencia explícita y la justifica
             con el mismo orden que busca mantener. La soberanía se articula con el estigma
             como  prejuicio que se conjuga con  representaciones  sociales sedimentadas y
             pertenecientes  a quienes atentan  contra  el orden  y la estabilidad  de  la decisión
             misma. De esta manera, la decisión soberana se basa en el estigma para atribuirlo a
             individuos estereotipados y juzgados por la discursividad del soberano.

                     Por  otro lado, se apuesta por una soberanía heterónoma  que pretende
             desmontar  los mecanismos mortíferos  de  las implicaciones  tradicionales de  la
             soberanía, anclada en el estado de excepción, en el que confluyen el modelo jurídico-
             institucional y el modelo administrativo (biopolítico) del poder. Estas consideraciones
             encuentran resonancia en la figura del sobreviviente como testigo de las hostilidades
             y nudo  de  la restauración  en  el ámbito comunitario  y anamnético,  al margen  de
             la legislación y como práctica de la justicia. Se toma como base las prácticas
             cívicas en función de instalar mecanismos de cuidado de la vida, así también de
             consolidar la responsabilidad  con los ofensores  y los sobrevivientes de delitos del
             pasado, con quienes también se establecen relaciones de vecindad  y forman
             parte  del ecosistema social. Asimismo, se expone,  entre otras  cosas, los objetivos
             de la soberanía heterónoma desde la función restauradora del daño ejercido por
             violencias cometidas en el pasado.


                     El contexto  histórico  y social de San Miguel Canoa,  presenta  una gama
             de  conflictos  heredados  de  un  pasado  abierto  por  la  violencia,  la  precariedad  y
             el estigma. Si bien, las acciones institucionales aún son incipientes para resolver los
             problemas comunitarios y de la sociedad civil, es fundamental considerar las prácticas
             de quienes habitan y/o han habitado sus territorios. El linchamiento ha sido una marca


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