Page 144 - Panorama general de los linchamientos en Puebla_online

de ser considerados como tales; a su vez, la forma de actuar ante ellos también se ha
modificado.

En la actualidad, la mayoría de los principios sobre los que se rigen las
constituciones occidentales se fundamentan en los derechos del hombre y del
ciudadano, emanados de la Ilustración del siglo XVIII, y en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de mediados del siglo XX (1948), y que ponen en el centro
los derechos con los que cuenta cualquier ser humano, independientemente de su
nacionalidad, género, etnia, condición social o criminal, etc. Aunque en algunos
países prevalece la pena de muerte como castigo último ante la gravedad de un
crimen, en México, las penas se centran en amonestaciones, multas, decomisos y en
la privación de la libertad cuya variación dependerá del grado del delito imputado;
no existe la pena de muerte.

A pesar de los procedimientos legales existentes, existe un alto grado, en la
percepción de la población, de insuficiencia en el castigo y de incapacidad en las
autoridades para llevarlo a cabo. Se establece una escisión entre lo que, en el marco
de la legalidad, se considera como impartición de justicia y lo que, en la percepción
de la población, se supone como tal. Esta separación entre el ejercicio legal y lo que el
imaginario colectivo considera como justo hace que el primero aparezca insuficiente.
Este imaginario se retroalimenta tanto de supuestos legales (lo que es considerado
como un acto delictivo y su consecuente acción punitiva de acuerdo con las leyes
vigentes) como de una combinación de creencias, ideologías, leyes en desuso y de
acciones que de manera consciente e inconsciente se han aprendido como formas
de enfrentarse a lo que se considera como injusto o digno de castigo. Estas formas
van desde la denuncia pública por distintos medios hasta la confrontación directa,
que puede conducir a distintos modos de agresión verbal o física; en la práctica,
prevalece, de manera generalizada, la percepción de que la justicia debe ser
retributiva y que el castigo debe equipararse al daño producido. Si en esta fórmula
integramos el componente de la incertidumbre y el miedo de la población en un
contexto de inseguridad, violencia y ausencia o crisis del Estado, se potencia una
sensación de alerta exacerbada, tanto individual como colectiva, provocada por el
temor de ser víctimas de la delincuencia, lo cual lleva a que la ciudadanía se coloque
en la posibilidad de recurrir a una defensa directa e inmediata (Pérez, 2022: 104).
Cuando en una sociedad, la defensa de los derechos propios o colectivos se

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