Page 172 - Panorama general de los linchamientos en Puebla_online

que debilitan a las instituciones democráticas, violentan los derechos humanos y
constituyen una forma de justicia que se funda en la agresión contundente contra las
personas en su singularidad y contra la comunidad.

Esto se puede incorporar con otras lecturas cercanas, como la sugerida por la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes
(Resolución 39/46 de las Naciones Unidas), la cual establece que el linchamiento es
una expresión pública que destruye la personalidad del (los/las) indiciado (s/as) de
manera ilegítima y desdeña la dignidad intrínseca de todo ser humano. En esta línea,
los tratos vejatorios, degradantes, crueles e inhumanos son formas en las cuales el
linchamiento se despliega: este trasciende la dimensión individual ya que puede
transmitirse y reproducir los procesos de violencia. Si bien los linchamientos sugieren un
ejercicio sui géneris de la justicia y de la reparación del orden social, e incluso jurídico,
por parte de particulares, persiste el carácter ius cogens de la prohibición de los
tratos crueles como los expresados por esos eventos. En este sentido, estas prácticas,
como se ha señalado, erosionan las instituciones y ninguna sociedad civil puede
considerarse liberada de tal prohibición, ni siquiera en situaciones de emergencia o
en escenarios límite.

Máxime cuando los procesos de transición democrática que se han estado
viviendo en los últimos veinte años han estado acompañados por una sensación de
violencia creciente, así como una serie de amenazas que tergiversan la convivencia
democrática. Para Solís Delgadillo y Barrientos del Monte (2020) los deslizamientos
desde el poder ejecutivo, la corrupción generalizada, la representación política, la
inoperancia gubernamental, el crimen organizado y las élites políticas y empresariales
han consolidado las deficiencias institucionales que devienen en una democracia
formal delimitada a los procesos de elección en los distintos espacios de gobierno.
Las primeras décadas del siglo XXI han estado marcadas por un desconcierto ante los
procesos de transición y alternancia (Díaz Jiménez, 2019). Con la llegada del Partido
Acción Nacional, a través de Vicente Fox Quesada, a la presidencia se esperaba
la supresión de las prácticas arraigadas de los gobiernos del Partido Revolucionario
Institucional, pero el sistema de partidos no logró impregnar una nueva cultura
política; por el contrario, se forjaron procesos de cartelización de los sistemas de
partidos, así como del incremento de los recursos públicos. Con cada elección,
los partidos y sus representantes recibían mayor financiamiento federal y estatal,
dinamizando nuevos mecanismos donde la proporcionalidad, las cuotas de género,

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